El Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla notificará el próximo día 21 de junio la sentencia por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla por las que fueron enjuiciados el ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos y otros nueve acusados.

Mediante una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado fija para el día 21 de junio, a las 9,00 horas, la notificación de la sentencia, "que se realizará conjuntamente a todas las partes", por lo que convoca a la Fiscalía, a los procuradora de las partes y a los acusados "para comparecer personalmente" en el Juzgado.

La notificación se llevará a cabo en la sala de audiencias del Juzgado, ubicado en el edificio Noga, "sin que sea posible la modificación de la hora por motivos de necesidad de los juzgados de lo Penal, y sin que sea factible adelantar la fecha de notificación dado que existen acusados con residencia fuera del término provincial de Sevilla, siendo preciso librar exhorto para sus citaciones".

Cabe recordar que el juicio contra Antonio Rodrigo Torrijos y los otros nueve acusados, para los que la Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel, finalizó el pasado día 10 de marzo tras un total de 20 sesiones desarrolladas durante los meses de enero, febrero y marzo.

Además de Torrijos, en este procedimiento están siendo acusados el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; el ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; el exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo, y la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante.

LA FISCALÍA PIDE DOS AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS DIEZ ACUSADOS

También fueron enjuiciados el ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados a cuenta de un presunto delito de fraude y exacciones ilegales, o de manera alternativa un delito societario que habría prescrito en el caso de Torrijos, así como que se declare la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y de los actos derivados del mismo.

Según considera el Ministerio Público, hubo una "decisión política" para adjudicar a Sanma, filial de Sando, el concurso público para la venta de los suelos, cuyo pliego presentaba "deficiencias técnicas" y estaba hecho "con mucha prisa", como si la decisión "estuviera tomada y el concurso fuera un paripé".

A juicio del fiscal Juan Enrique Egocheaga, "estaba todo preordenado a cumplir una decisión, y es que Sando tenía que hacerse con estos terrenos", destacando que "llama la atención el contrapeso de la calidad, cantidad y preparación de la oferta de Sando y de la del resto", que podrían calificarse de "ofertas de relleno" porque algunas eran de "un simple folio".

"PERJUICIO ECONÓMICO" A MERCASEVILLA

"El fin era favorecer a Sando, y ello causó un perjuicio económico a Mercasevilla derivado de la manipulación del concurso", subrayó el Ministerio Público.

De su lado, la acusación particular que ejerce el abogado Miguel Salas en nombre de la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas modificó durante el juicio su escrito de conclusiones provisionales y retiró la acusación contra Torrijos, Crespo y Sánchez Domínguez, manteniéndola contra Luis Sánchez Manzano, Fernando Mellet y Domingo Enrique Castaño, para los que pide dos años de prisión por un delito societario.

Por su parte, la acusación particular que ejerce Mercasevilla mantuvo su petición de dos años de prisión y hasta 17 años de inhabilitación para los diez acusados por delitos de fraude y exacciones públicas en concurso con otro delito de prevaricación, modificando sus conclusiones provisionales en el sentido de que Sando sea también considerada responsable civil subsidiaria de la indemnización de 25 millones de euros que reclama.