La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Recetón, a cinco personas por, presuntamente, falsificar recetas médicas de jubilados para conseguir fármacos destinados a tratamientos de fecundación "in vitro", con un fraude estimado a la Seguridad Social de 230.000 euros.
Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, se ha detenido a dos personas en Barcelona -la responsable de una farmacia y un trabajador-, otras dos en Sevilla -los distribuidores de los medicamentos- y una en Palma de Mallorca y se han intervenido 450 recetas falsas con las que consiguieron 775 envases.
Los agentes también han requisado 200 recetas falsas que no habían sido utilizadas para conseguir los tratamientos "in vitro".
A los arrestados se les imputan delitos de robo con fuerza, falsificación de documentos, revelación de secretos, estafa, contra la salud pública y pertenecía a organización criminal.
Las pesquisas comenzaron tras la denuncia de responsables de la Subdirección General de Evaluación e Inspecciones Sanitarias a una farmacia situada en la zona metropolitana de Barcelona, donde dispensaban "una gran cantidad" de fármacos de reproducción asistida a través de recetas para personas jubiladas.
Un encargado de la limpieza era quien robaba las recetas médicas de jubilados en un Centro de Asistencia Primaria (CAP) de Barcelona y otros elementos necesarios para su falsificación, como pegatinas de pacientes, pegatinas de validación del producto por el inspector médico y sellos de doctores.
Tras falsificar las recetas y obtener los medicamentos en la farmacia de Barcelona, la red transportaba los fármacos a una localidad de la periferia de Sevilla sin las garantías sanitarias adecuadas, con una humedad determinada o a baja temperatura, por lo que también se les imputa un delito contra la salud pública.
Una vez en la provincia de Sevilla, los fármacos se vendían al resto de España y, en especial, a una clínica de reproducción asistida en Palma de Mallorca, cuya responsable también ha sido detenida.
Los arrestados ofertaban los medicamentos obtenidos desde una página web a mitad del precio de mercado del tratamiento, que se estima en 300 euros por caja y 2.000 euros por tratamiento.
Los agentes tratan de localizar a los compradores -unas 200 personas- para comprobar si han sufrido algún tipo de daño derivado del transporte de los fármacos sin las garantías adecuadas.
