El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha valorado "muy positivamente" la puesta en marcha del decreto ley de la renta mínima de inserción social que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el pasado martes, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y beneficiará a más de 45.000 familias andaluzas y a unas 120.000 personas.
En sus presupuestos para 2018, la Junta de Andalucía ha destinado una partida de 198 millones de euros para este fin. Ahora, con el decreto definirá los criterios de reparto de esta renta, que oscilará entre los 419,52 y 779,87 euros y no tendrá en cuenta otros ingresos como las pensiones de alimentos o de orfandad para su cálculo, de manera que sea "un refuerzo y apoyo de protección a la infancia".
El presidente provincial ha subraya que, con la aprobación de esta medida, "Andalucía es la comunidad autónoma que mejor redistribuye los recursos públicos entre la ciudadanía, según el Instituto de Estudios Fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y lo más destacable ha sido reducir la pobreza en un 17,7 por ciento".
"La sensibilidad y el compromiso social del Gobierno andaluz y del municipalismo siempre estarán al lado de los más débiles y de las familias con menos recursos y en riesgo de exclusión social. Es nuestro deber como responsables públicos", apunta Villalobos en un comunicado remitido a Europa Press.
En esa misma línea, el responsable de la entidad provincial ha recordado que la Diputación ya viene siendo "sensible" con las familias más desfavorecidas con iniciativas como el Plan de Urgencia Municipal, y continuará "aportando recursos a dicho programa para complementar en muchos casos esta nueva Renta Mínima que se habilita desde la Junta".
La Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se incorporará como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consistirá en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis. Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años, siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión.
Este modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como a las monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso, destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Podrán beneficiarse también las personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; las de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; las huérfanas de ambos progenitores; las víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; las que se encuentran en situación de emergencia social; las mayores de 65 años con menores a cargo, y las que constituyen una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo en caso de haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.
