Los tres acusados por tráfico de drogas del mayor alijo de cocaína incautado en Sevilla -812,8 kilos procedentes de Colombia ocultos en cajas de bananas- han admitido hoy los hechos y han aceptado una pena de seis años de cárcel para el dueño de la empresa de transportes y dos para sus operarios.
La Fiscalía pedía inicialmente 11 años de cárcel y una multa de mil millones de euros para cada uno como presuntos autores de un delito contra la salud pública, si bien las partes han alcanzado un acuerdo y ha rebajado su petición a seis años de cárcel para J.P.R.R. -en prisión provisional- al aplicarle las atenuantes de confesión y adicción a las drogas.
En el caso de R.R.R. y R.C.Q. -encargados de descargar el camión presuntamente con "conocimiento del contenido de los contenedores" tras hacer que sus conductores se fueran a "tomar un café" para poder hacerlo-, la Fiscalía ha rebajado su acusación de coautores del delito a cómplices del mismo en grado de tentativa, ya que la droga con destino a Sevilla había sido intervenida previamente tras descargarla en Algeciras (Cádiz).
En cuanto a la multa, el Ministerio Público también la ha rebajado a 31 millones para cada uno de ellos.
El acuerdo entre las partes se ha cerrado el mismo día en el que comenzaba el juicio contra los acusados en la sección séptima de la Audiencia de Sevilla.
El tribunal ha preguntado a las partes y a los acusados su conformidad con este acuerdo, tras lo cual ha dado por terminada la vista y ha citado a los procesados el viernes a las 12.00 horas para comunicarles la sentencia.
El alijo fue interceptado en el marco de una operación desplegada en agosto de 2016 entre Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional en la que la colaboración internacional permitió conocer la llegada al puerto de Algeciras de dos contenedores importados por una empresa "tapadera", que había declarado bananas como mercancía, uno de los cuales contenía 800 paquetes de droga con 812 kilos de cocaína de una pureza del 76,8 %.
Según informó en su día el Ministerio de Hacienda, es el mayor alijo incautado en la provincia y en su escrito de acusación la Fiscalía indica que la droga hubiera alcanzado un valor de 32,71 millones de euros en la venta al por mayor, de 90 millones en la venta al por menor y de 170,8 millones de haberse comercializado por dosis.
La investigación comenzó en abril de 2016, tras conocerse la existencia de una organización internacional asentada en España dedicada a la introducción de contenedores marítimos con cocaína para su ulterior distribución.
Los agentes determinaron que esta red contaba con una empresa de frutas ubicada en Sevilla para simular una actividad comercial lícita e identificaron al administrador de esta sociedad, J.P.R.R., quien ya había viajado en dos ocasiones a Colombia para negociar con los proveedores de la droga.
