“Desde la Consejería de Turismo, Regerenación, Justicia y Administración local vamos a proponer la que consideramos la opción más viable tanto a nivel económico como por tiempo, Palmas Altas”. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, adelantó ayer en el Parlamento, en respuesta a una pregunta oral de Ciudadanos sobre la reunión mantenida con el presidente del TSJA, cuál es, finalmente, la opción por la que se decanta el Gobierno andaluz, el competente para hacer realidad el complejo de la Ciudad de la Justicia en Sevilla.
Hay que tomar una decisión ya sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, después de 15 años de esperaDe las cuatro opciones que el Ayuntamiento de Sevilla remitió a la Junta y que ésta ha evaluado en las últimas tres semanas, Palmas Altas es la más barata y la más rápida para acabar con 15 años de espera y, sobre todo, para conseguir un ahorro de cinco millones de euros en alquileres en la capital, tal y como remarcó el vicepresidente en sede parlamentaria.
Palmas Altas junto con el Prado de San Sebastián, donde se mantendrían la Audiencia y el edificio actual de los juzgados, aunque todos los órganos unipersonales se trasladarían al edificio que actualmente ocupa la multinacional sevillana Abengoa, tendría un coste de 140,6 millones de euros, que se desglosan de la siguiente manera: 75 millones de euros en la compra de la actual sede de Abengoa. Esta cantidad se le abonaría a un consorcio formado por varias entidades, entre ellas bancos como Santander, Bankia y Credit Agricola, que son acreedores de la multinacional. A esos 75 millones habría que sumarle 33,6 que irían destinados a obras y adaptaciones de Palmas Altas para convertirse en la Ciudad de la Justicia más los trabajos de reforma y rehabilitación de los dos edificios del Prado de San Sebastián, una intervención ésta última que los técnicos calculan que costaría 32 millones.
Consejería que dirige Juan Marín estima que las obras, adaptación y traslado se ejecutaría en un plazo máximo de cuatro años y medio. Las otras opciones barajadas por el Ayuntamiento y evaluadas por la Junta oscilan entre los siete y los diez años. En la hipótesis de los diez años, el proyecto de Ciudad de la Justicia se dilataría hasta 2030, según las fuentes consultadas. Además de Palmas Altas más el Prado, se han estudiado las siguientes opciones (todas ellas incluyen el Prado): una parcela en el Patrocinio (conocido como el solar de Las Banderas), la avenida de Finlandia más la de Cádiz (Los Bermejales) y la Avenida de Finlandia más la de Italia.
Hoy, el vicepresidente y el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, se reunirán en San Telmo, a las 12.00 horas. Justo un mes después de la primera reunión entre ambos para desbloquear de una vez por todas el asunto, el Gobierno andaluz dejará clara cuál es su ubicación preferida de todas las estudiadas.
“Hay que tomar una decisión ya sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, después de 15 años de espera”, apostilló Marín en su cuenta personal de twitter, que mantiene la puerta abierta al “consenso” con el sector, con el que habrá reuniones la semana que viene. Ya ayer, el Colegio de Abogados señaló que era “precipitado”. El decano saliente, José Joaquín Gallardo, calificó de “error” la decisión de Palmas Altas y aventuró que se rectificará “más pronto que tarde”.
La noticia se conoció pocos minutos después de que la secretaria general de Justicia, María José Torres, adelantara que la Consejería de Hacienda y el departamento de Marín han cerrado partidas presupuestarias para la Ciudad de la Justicia en Sevilla para los ejercicios 2019 y 2020. En esos dos ejercicios, se acometerán los estudios previos y los proyectos básicos y de ejecución. “El vicepresidente está sensibilizado con este proyecto”, afirmó la secretaria general de Justicia, María José Torres, que ayer realizó una ronda de reuniones con los representantes de la judicatura sevillana.
