La concejal del Grupo Popular, Ana Jáuregui, ha denunciado este lunes “la falta de transparencia, rigor y garantías en la tramitación de licencias de obras y actividad por parte del gobierno de Espadas”.

Así, Jáuregui ha explicado que “desde el Grupo Popular venimos mostrando nuestra preocupación en todo lo relacionado con el trámite de Licencias de Obras y Actividad”. Al respecto, ha detallado que “en julio del año pasado, impulsamos e instamos al alcalde en el Pleno, a que cumpliera con el mandato aprobado el 30 de junio de 2017, en relación a la integración de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y Medio Ambiente, al objeto de que en la ciudad de Sevilla se pudieran tramitar licencias de Obras y Actividad, de forma ágil, eficiente y con garantías, tanto para los inversores o promotores como para los ciudadanos, no debemos de olvidar que el apoyo al fomento de actividades económicas en una ciudad, se debe promocionar desde la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos y su seguridad”.

“Más tarde fuimos observadores de las propuestas que hacia el gobierno, estas propuestas se desviaban de lo ordenado en el Pleno, propuesta que pudo sacar adelante con el apoyo de los grupos políticos en oposición,  ya la integración la planteaban en dos fases, dividiendo en una primera fase la plantilla de Medio Ambiente de forma autoritaria y digo esto, porque los sindicatos de manera unánime y rotunda, calificaron está adscripción como decepcionante, incongruente, inasumible o discriminatoria, hecho que denunciamos desde el Grupo Popular  como “chapuza”, chapuza por los incumplimientos que han llevado a cabo”, ha manifestado Jáuregui.

El primero de los incumplimientos, a juicio del PP, es que "no se ha  creado una estructura física, jerárquica y funcional, donde integrar a los funcionarios que se trasladaban. Finalmente, se ha trasladado a seis funcionarios, “en contra de las declaraciones vertidas en prensa por el Delegado Antonio Muñoz delegado de Hábitat Urbano y Clara Macías, delegada de Recursos Humanos, que en primera instancia indicaron que se trasladarían a 20 funcionarios y posteriormente once. Mintiendo en sus declaraciones”.

En segundo lugar, "no se hicieron las auditorias para detectar los cuellos de botellas, expedientes sin revisar, “los cuales estimábamos en torno a 1.000 expedientes y que los medios de comunicación, días más tarde anunciaba sobre 1.400, sea como sea, la cifra es abrumadora y sobre todo preocupante por los problemas de seguridad y garantías que pueden ocasionar”.

También "se comprometieron a realizar un Libro Blanco de Obras y Actividad, al objeto de unificar criterio entre los distintos técnicos que participan en el estudio de proyectos de obra y de actividad, tampoco se ha hecho. Siguen existiendo confusión entre los técnicos sobre quien realiza determinadas tareas en los informes y al mismo tiempo en los criterios a aplicar”.

“Esta es la realidad y no la que nos anuncian a base de titulares de prensa”, ha destacado la concejal del Grupo Popular, Ana Jáuregui. Ha añadido que “si a esto le unimos algunos aspectos que se desprenden del trabajo a lo largo de estos meses, entre Gobierno y el Grupo Popular,  durante las Comisiones Ejecutivas de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, donde asistimos como único grupo de oposición, tengo que decirles, que venimos observando la falta de conciencia y de conocimiento, al otorgar las Licencias de obras y actividad, y me refiero a aquellas que llevan asociadas actividades tramitadas por Calificación Ambiental, tal y como indica la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, provocando inseguridades jurídicas y perjuicio económico a los inversores o promotores”.

Al respecto, Jáuregui ha señalado que “hay que dejar claro que agilizar no significa no cumplir con las normas y comprometer a los titulares de actividades, volcando la responsabilidad en ellos, mediante documentos firmados a los que denominan comparecencia, que además en algunos casos, esperamos que no sean muchos, no tienen informe favorable de Calificación Ambiental, o tienen la Calificación ambiental por silencio positivo o incluso no la han solicitado”.

En este sentido, Jáuregui ha indicado que “digo esto, no porque nos den acceso a los expedientes de actividad, por el contrario si podemos ir a ver (físicamente a la Gerencia de Urbanismo los de Obras), circunstancia que hemos solicitado por escrito y verbalmente en más de una Comisión Ejecutiva, sin éxito al respecto. Cuestión que si no se corrige, desde el Grupo Popular se tomarán las medidas oportunas”.

Al hilo de ello, la concejal popular se ha preguntado “¿Qué tienen que ocultar con esta falta de transparencia? ¿Qué temen al hecho de que veamos los expedientes de actividades asociados a las obras? Quizás que, por fin, vamos a poder constatar el caos e inseguridades que venimos denunciando periódicamente y que por ello exigíamos al gobierno de Espadas que hiciera una integración real, con recursos humanos suficientes y equipos multidisciplinares”.

La concejal popular ha detallado que “hemos tenido información sobre el estado del trámite de tres calificaciones ambientales, asociadas a Licencias de Obras, relativos a expedientes vistos en la  primera Comisión Ejecutiva de este año, y uno de ellos no tiene solicitada Calificación Ambiental y dos de ellos informes desfavorables, y aun así les han concedido Licencias de Obras”. (Adjuntamos documento)

“Como comprenderán ante esta grave situación, estamos realmente preocupados, por ello denunciamos estas graves circunstancias e irregularidades, ya que ni los promotores o titulares de actividades, ni los ciudadanos de nuestra ciudad se merecen estar expuestos a esta inseguridad jurídica, perjuicios económicos y lo más grave que los sevillanos puedan encontrarse ante esta falta de cumplimento del gobierno en casos de inseguridad para su salud, como ya ocurrió con el caso Magrudis”.