La Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla ha determinado que el "saqueo" de 14 de las 63 inhumaciones de la necrópolis romana descubierta con motivo de las obras promovidas en las inmediaciones del poblado de El Torbiscal, en Utrera, para remodelar la intersección de la carretera N-IV con la carretera autonómica A-471, constituyó un "hecho excepcional propio de una banda organizada".
Así queda de relieve en la respuesta de la Administración andaluza a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, en el marco de una actuación de oficio incoada por dicha institución a cuenta de los hechos en cuestión, acontecidos en enero de 2019.
Todo se encuadra en las obras promovidas tiempo atrás por el Ministerio de Fomento para remodelar la intersección de la carretera N-IV con la carretera autonómica A-471 en las inmediaciones del poblado de El Torbiscal, que contaban con sus correspondientes catas arqueológicas de carácter preventivo, bajo la dirección del arqueólogo Pablo Ramírez y la supervisión de los especialistas de la Consejería de Cultura y su delegación territorial en la provincia de Sevilla.
Según explicaba a Europa Press Javier Mena, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Utrera y además historiador municipal, estas catas arqueológicas supusieron el descubrimiento de una necrópolis romana conformada por 63 enterramientos divididos en "dos sectores" y cuya cronología arrancaría en el siglo I de la era actual, para prolongarse hasta el siglo IV.
En todos los casos, según precisaba, se trataba de simples enterramientos de lo que se presume eran "campesinos" de las fincas agrarias que funcionaban en esta zona del bajo Guadalquivir durante el periodo del Imperio y la época tardorromana, dado que estas personas fueron inhumadas "con un ajuar muy pobre".
APENAS UNAS PIEZAS DE AJUAR
Los arqueólogos, según detallaba, apenas encontraron "unos ungüentarios, dos pendientes y una pulsera", toda vez que tras las citadas catas arqueológicas, los enterramientos fueron "sellados" para su preservación en el mismo enclave donde habían sido localizados, después de que los especialistas extrajesen diversos elementos y "piezas" para su estudio científico.
Pero antes del sellado de las inhumaciones, según relataba, 14 de las tumbas fueron objeto de un acto de "saqueo" perpetrado por unos individuos que incluso habrían "amenazado con un palo y agredido" al guardia que custodiaba el yacimiento arqueológico.
El caso es que tras incoar la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz una actuación de oficio sobre este asunto, la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha explicado a dicha institución, según una resolución de la misma recogida por Europa Press, que "el descubrimiento de las tumbas se materializó el 27 de noviembre de 2018 en el transcurso de la actividad (arqueológica) autorizada el día 16 de octubre e iniciada el 8 de noviembre".
LA "ESPECIAL VIRULENCIA" DE LOS EXPOLIADORES
Tras ello, según dicho departamento autonómico, "se advirtió oralmente a Acciona (empresa encargada de las obras) de la conveniencia de establecer una vigilancia de seguridad", lo que lleva a la Administración andaluza a señalar "la especial virulencia de los atacantes expoliadores, circunstancia ésta que no se había producido en las mas de 250 intervenciones arqueológicas realizadas durante 2018 en Sevilla y su provincia".
Tal extremo, según la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, probaría que dicho expolio constituiría "un hecho excepcional de la forma de actuar propia de una banda organizada".
Es por ello que dicho departamento se compromete ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz a "incluir en las resoluciones de autorización (de catas arqueológicas) la obligación a los promotores de disponer, a juicio de los arqueólogos inspectores, de especiales medidas de seguridad cuando la circunstancia de los hallazgos así lo aconseje", entre otras medidas para reforzar la seguridad en estas actuaciones.
