La Universidad Pablo de Olavide tiene aproximadamente un 27% de funcionarios en su plantilla docente (1.029 personal docente e investigador según la memoria 2018-2019). Esto significa que incumple la Ley, que fija en un 51% el porcentaje de profesores funcionarios que tiene que tener una universidad pública. Igualmente, cuenta con alrededor de un 38% de profesores asociados y sustitutos interinos frente al 14% de media del resto de las universidades andaluzas. Para revertir esta situación, la Pablo de Olavide con la Junta de Andalucía consensuó un plan que desde 2016 a 2018 ha supuesto la creación de algo más de 70 plazas. Este plan en 2019 “no pudo ejecutarse”, pero en 2020 se mantiene al margen del efecto que tendrá en los campus andaluces el “ajuste” de 135 millones de euros para pagar la factura de la pandemia del coronavirus.

El último Consejo de Gobierno de la Olavide ha aprobado su oferta de empleo público para este atípico curso: 44 plazas para profesores titulares (31), profesores contratados doctores (ocho), incorporación de docentes del programa Ramón y Cajal (dos, aunque se ha dado el visto bueno a siete plazas para las que hay un plazo de tres años para convocarlas e incorporarlas) y catedráticos (tres plazas que son promoción interna).

El vicerrector de Profesorado de la Olavide, Francisco Manuel Martín Bermudo, explica que esta oferta de empleo tiene un coste “bajo”, ya que tan sólo habría que asumir un incremento de en torno a 18.000 euros anuales, pero que es “vital” para continuar reduciendo la lista de espera que aún tiene la Olavide (123 personas esperando la plaza para la que se han acreditado, la única universidad andaluza que tiene lista de espera, y algunos de ellos con hasta siete años de espera acumulada). Desde 2014, se ha reducido en 87 personas.