El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha decretado orden de busca y detención de Bianca K.T, tía de la menor que fue víctima de ciberacoso por parte el excapellán de la parroquia de Las Angustias y que está acusada de tratar de extorsionar al religioso para que le diera dinero a cambio de silenciar los hechos.
Fiscalía de Valladolid y la acusación particular solicitan penas de seis meses y tres años de cárcel, respetivamente, para la tía de la menor, de origen rumano, a la que el excapellán de Las Angustias sometió a ciberacoso sexual por el que éste cumple pena de cárcel en la actualidad y al que la encausada exigió 120.000 euros, supuestamente, como condición para no denunciar lo que estaba ocurriendo con su sobrina.
La procesada se encontraba localizada pero ahora se encuentra en paradero desconocido, al igual que su hermana y madre de la menor, Irina K.T, también acusada por los mismos hechos y sobre la que pesa otra orden de búsqueda y captura.
En el caso de Bianca, el juez instructor ha decretado orden de busca, detención y presentación a fin de comunicarle emplazamiento y requerimiento. Una vez detenida y cumplimentada esa comunicación, posiblemente de los escritos de calificación provisional, la mujer será puesta en libertad, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En su escrito de calificación provisional de los hechos, la acusación pública y la particular discrepan de la calificación jurídica, puesto que la primera encuadra la conducta de Bianca K.T. en un delito de amenazas (artículo 171.2 del Código Penal) y la segunda en una extorsión (art. 243), de ahí las peticiones respectivas de seis meses y tres años de cárcel para la encausada. Con carácter subsidiario, la letrada del religioso solicita dos años de privación de libertad por amenazas.
La referida calificación se produce después de que a finales de abril de 2022 el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid abriera procedimiento abreviado contra las hermanas de origen rumano Bianca e Irina, por el mismo orden tía y madre de la menor víctima del capellán de Las Angustias.
En aquel auto, el instructor decidió sobreseer provisionalmente la causa contra la madre de la niña al encontrarse en paradero desconocido y, por tanto, en busca y captura. Se abrió para la progenitora pieza separada del procedimiento hasta el momento en que la misma sea detenida, para su correspondiente enjuiciamiento.
La apertura de diligencias se produjo a raíz de que la Fiscalía vallisoletana así lo acordara de oficio ante el testimonio que el condenado prestó en el juicio en la Audiencia Provincial que concluyó con su condena pero en el que apuntó que la progenitora y una tía de la víctima le sometieron a extorsión para que a cambio de una importante cantidad de dinero mantuvieran silencio y no denunciaran su comportamiento delictivo con la pequeña.
En concreto, el expárroco precisó a principios del pasado mes de abril en su ratificación de la denuncia--declaró ante el juez por videoconferencia desde el penal en el que se encuentra--que las dos hermanas le exigieron la entrega de 120.000 euros para la compra de un piso en Rumanía.
El juez justificó su decisión de continuar por el trámite de procedimiento abreviado--el juicio se celebrará en un juzgado de lo penal en fecha por decidir--tras recordar que a raíz de las conversaciones y vídeos con contenido sexual enviados por el condenado a la menor, en torno al 6 de enero de 2020, Bianca de Irina, tía y madre de la víctima, respectivamente, enviaron un mensaje de whatsapp al religioso comunicando la primera que su hermana había visto el contenido de las comunicaciones con la niña y le proponían la entrega de dinero para comprar una casa en Rumanía a cambio de no denunciarle.
El párroco contestó que no hablaba por teléfono y solicitó una entrevista en persona, con lo que finalmente se vieron a la puerta de la iglesia de Las Angustias. Hablaron en el parque lateral de la catedral de Valladolid y la tía dijo al capellán que había propuesto a su hermana que si les daba dinero para comprar una casa en Rumanía, entre 100.000 y 120.000 euros, se olvidaba todo.
El religioso alegó que no tenía ese dinero, y caso de querer dárselo lo debería conseguir, con lo que quedaron al día siguiente y al acabar la reunión el ahora en prisión se asesoró y decidió que derivaría a su abogado a ambas mujeres.
Contó por teléfono lo decidido y sus interlocutoras reaccionaron enfadadas, amenazando con acudir a la policía e incluso con presentarse al día siguiente en la iglesia para enseñar fotos de él desnudo, y dirían "mira lo que hace el cura".
La negativa de él seguía y finalmente, el 10 de enero de 2020 por la mañana, ambas hermanas le llamaron para decirle que estaban camino de la policía, y que o les daba el dinero o le denunciaban sin más esperas, cosa que así hicieron.
El religioso fue condenado por la Audiencia de Valladolid a una pena de tres años de cárcel por un delito de corrupción de menores en concurso con otro de abusos sexuales sobre una menor de 13 años a la que envió varios vídeos muy subidos de tono, uno de ellos masturbándose.
En concreto, el tribunal le impuso un año de prisión por el delito de ciberacoso y a dos por abuso sexual a una menor de 16 años --Fiscalía pedía cuatro por abuso y corrupción de menores--, junto con su inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores, por tiempo de trece años de cumplimiento simultáneo.
También prohibió al sacerdote acercarse a la menor a una distancia no inferior a 500 metros y durante diez años, así como a comunicarse con ella por cualquier medio y por el mismo tiempo.
Se impuso igualmente al acusado la medida global de libertad vigilada durante seis años, después de la duración de la pena privativa
de libertad, junto con la prohibición de desempeñar determinadas
actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión
para cometer hechos delictivos de similar naturaleza y la obligación de realizar un curso de educación sexual.
En cuanto a la vía de la responsabilidad civil, el tribunal acordó la reserva de las acciones correspondientes en favor de la menor y de su representante legal.
