Agentes de la Policía Nacional han detenido a 197 personas por  presuntamente defraudar casi dos millones de euros a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, en dos operaciones realizadas en los últimos días en Orihuela (Alicante) y Castellón, según ha informado Jefatura en un comunicado.

   Los detenidos están acusados de crear empresas ficticias con la única finalidad de ofrecer contratos falsos de trabajo para obtener subsidios por desempleo y permisos de residencia. Se han desmantelado dos organizaciones distintas, en el norte y sur de la Comunidad Valenciana, mediante las que los falsos trabajadores llegaron a cobrar más de 15.000 euros en prestaciones de la Seguridad Social.

   Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes se percataron de la presencia de dos organizaciones criminales: por un lado, la compuesta por cinco empresarios y tres gestores de la localidad de Orihuela (Alicante); y, por otro, un entramado de seis mercantiles que suponían "un auténtico modus vivendi" para cinco de los detenidos.

   Ambos entramados empresariales se habían constituido de forma ficticia con el objetivo de cobrar a los falsos trabajadores por la obtención de un inexistente contrato de trabajo que les permitiese el cobro de prestaciones o subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), así como la regularización de su situación en el caso los ciudadanos extranjeros.

   Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, gran parte de las empresas tampoco satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los falsos empleados dados de alta, superando en algún caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal y reportando grandes beneficios a los responsables.

   Esta operaciones han culminado esta semana en la que, además, los ministerios del Interior y de Empleo firmaron un convenio de colaboración para luchar de forma conjunta contra el fraude en el empleo y la Seguridad Social.

COBRO POR CONTRATOS

   Los ahora arrestados cobraban cantidades que oscilan entre 200 y 3.000 euros por cada contrato, según el tiempo de su duración. Los falsos trabajadores accedían a las prestaciones o subsidios por desempleo, llegando a cobrar en algunos casos hasta 12.000 euros.

   En el caso de los ciudadanos extranjeros, los responsables de la organización seleccionaban a otras personas que actuaban como intermediarios para su captación. La Policía se estima que más de 200 personas podrían haber obtenido ilícitamente la residencia en España de esta forma, así como haber defraudado más de un millón de euros a la Seguridad Social.

   En el caso de Castellón, las investigaciones comenzaron tras detectarse por parte de la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas, por lo que los investigadores solicitaron al SPEE los expedientes por desempleo de los supuestos empleados. Fruto de las gestiones policiales, de la obtención de declaraciones de trabajadores y del análisis de la documentación obtenida en diferentes registros públicos, los agentes pudieron determinar que la práctica totalidad de estas empresas se había creado exclusivamente para defraudar a la Seguridad Social.

   Entre los detenidos, que ya contaban con antecedentes por este delito, figuran los administradores de las mercantiles ficticias, un gestor autorizado del denominado Sistema Red --sistema por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia Seguridad Social-- y falsos empleados que habían llegado a cobrar más de 15.000 euros en prestaciones.

INFORME DE LA SPEE

   La cantidad defraudada por la trama asciende a 814.884,68 de euros, de los que 665.151 de ellos por impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social, y 149.733 euros mediante subsidios percibidos ilícitamente del SPEE. Por el momento no se ha podido cuantificar el montante total del fraude al SPEE, al estar pendiente de recibir un informe del SPEE de una de las empresas investigadas, por lo que la investigación queda abierta.

   La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría Local de Castellón, de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) y de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante.