Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.

   En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la 'limpieza'. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.

   Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).

   En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.

   Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un "espejismo" que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.

   Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. "Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos", ha afirmado.

MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS

   En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, "1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580", lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.

   En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto "ridículo" y "residual" que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes "en un mar de más de un millón de personas" que están de un modo u otro, integradas en el sistema.

   El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.

   De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).

   En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.