La Audiencia Nacional proseguirá la investigación a la red internacional que defraudó presuntamente 60 millones de euros con el IVA intracomunitario a través de compras de material informático y electrónico y que fue desarticulada por la Policía Nacional en la 'Operación Dreams'.

Así lo ha decretado la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo mediante un auto, al que ha tenido acceso Efe, que resuelve la cuestión de competencia que enfrentaba al Juzgado de Instrucción 5 de Elche (Alicante) y al Juzgado Central de Instrucción número 3.

La investigación, que se inició el pasado año, afecta a más de cincuenta presuntos integrantes de una organización asentada en España, Hungría, Alemania, Italia y Rumanía, entre otros países, que expidió entre 2014 y 2017 facturas falsas por unos 250 millones de euros.

Según se recoge en el auto del Supremo, los investigados -ciudadanos españoles, portugueses e italianos- crearon un entramado compuesto por un centenar de empresas ficticias que estaban a nombre de testaferros para no abonar el IVA en el ámbito de la Unión Europea (UE).

De los 60 millones supuestamente defraudados con ese impuesto, 42 millones afectan a las arcas españolas, pues los sospechosos operaban en diferentes provincias como Elche, Madrid, Murcia o Barcelona.

Tras recibir una querella de la fiscalía, la magistrada de Elche María José Boix abrió diligencias previas por la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Esas pesquisas culminaron en la llamada 'Operación Dreams', desplegada la pasada primavera por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria y Europol.

El Supremo destaca en su resolución la "extrema dificultad" del proceso, que ha incluido hasta el momento 101 registros domiciliarios, 62 en España, donde fueron detenidos 50 implicados, y otros 39 en otros países, en los que se practicaron tres arrestos.

Además, la jueza de Elche ha enviado otras 139 comisiones rogatorias internacionales donde se reclaman nuevos registros mientras la causa acumula ya "incalculable documentación pendiente de analizar", precisa el alto tribunal.

La magistrada remitió el caso el pasado mes de mayo a la Audiencia Nacional, pero el Juzgado Central de Instrucción 3 rechazó asumirlo al entender que el fraude investigado no repercutía de forma grave en la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional.

Sin embargo, el Supremo ha dictaminado ahora que ese requisito, el de la "grave repercusión en la economía nacional", sí concurre en esta causa, "en atención al importe de las cuotas defraudadas, claramente superior a los siete millones de euros".

El auto, fechado el pasado 17 de octubre y del que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, alude también a la "complejidad de la instrucción" y la distribución geográfica de los investigados (el principal es un español de origen hindú que reside en Estados Unidos).

Con estos argumentos, da la razón a la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Elche, a la fiscalía y a la Abogacía del Estado, y resuelve que la instrucción prosiga en el Juzgado Central, "pues, de lo contrario, se dejaría huérfana la competencia de la Audiencia Nacional".