El año comenzó con la decisión de la mesa antitransfuguismo de declarar tránsfugas tanto a Fernando Gago, concejal de Turismo, como a Enrique Moresco. Pese a la polvareda inicial nada ha cambiado, y ambos se mantienen en el gobierno municipal. Quien ya no lo está es Ignacio Colón, cuya dimisión en abril obligó a la primera y única remodelación del equipo de Gobierno, con la entrada de Mariola Tocino quien, aunque no era la siguiente en la lista ocupa el cargo de Bienestar Social en detrimento de Rafael Orrequia, que desistió de su participación en la política activa.
La relación del PP-PA con el resto de grupos de la oposición ha pasado por momentos críticos, que provocaron que todos se levantaran de la sesión plenaria de octubre dejando a solas al gobierno municipal. La tensión que se vive en los plenos, la falta de reuniones periódicas de la junta de portavoces como se había comprometido el PP y la acusación de Moresco contra el PSOE a cuyos concejales llamó “peligrosos” son algunos de los momentos más sonados, sin olvidar que dejó a IU con un miembro menos en el consejo de Impulsa y logró la mayoría en la empresa que es mirada, de nuevo, con recelo por la mayoría de los ciudadanos.
La causa está en que la empresa municipal promueve no sólo la construcción del puente sobre el río Guadalete y los aparcamientos de la margen derecha del río y el de la plaza de toros, sino también la ampliación del polígono industrial de Las Salinas en una operación que ha obligado a la firma de un convenio urbanístico con cuatro empresas participadas por la Caja Inmaculada que obliga a una recalificación urbanística de suelo rural a industrial en las inmediaciones de Doña Blanca, poblado que parece ser elegido por la Junta también para instalar una nueva zona industrial. Y es que el Tecnobahía, que está asumiendo a las nuevas empresas que reciben ayudas por el Plan de la Bahía, necesita de una ampliación que aún debe negociar Junta y Ayuntamiento.
Otra empresa mirada con lupa es Apemsa, que este año ha cumplido sus 25 años de existencia con un nutrido programa de actos. Lo que iba a ser un 2008 de festejos y celebraciones, ha dejado paso a una incertidumbre tras conocerse la intención del Gobierno municipal de ponerla a la venta, al menos en un 49% de su capital. Mientras tanto, poco se ha avanzado sobre la reforma de Serecop que estrenó gerente.
El mayor avance de este ejercicio ha sido la contratación de Territorio y Ciudad para culminar los trabajos del Plan General, aunque el documento no estará aprobado hasta dentro de dos años. Sobre el plan del casco histórico se han efectuado algunos avances, y el PP bien lo ha vendido con unos dípticos que confundían gobierno y partido a partes iguales. El principio de acuerdo con las dos federaciones vecinales de Emas (Coave y Fevema) para aplazar las multas coercitivas mientras se aprueba el Plan General han restado importancia a las obras ilegales que aún se efectúan en algunos diseminados y que han ensombrecido la gestión de Patricia Ybarra, concejal que tampoco tuvo mucha fortuna en el debate sobre la retirada de la medalla de la ciudad a Francisco Franco.
Desafortunado estuvo Millán Alegre, concejal de Cultura, al rechazar la presencia de una mujer en la Cabalgata de Reyes, y también la edil de Bienestar Social, Mariola Tocino, que ha sufrido varias manifestaciones de las trabajadoras del servicio municipal de ayuda a domicilio por no cobrar sus salarios a tiempo.
Pero el más criticado ha sido sin duda el responsable de Policía Local, Carlos Montero, quien ha soportado manifestaciones en su contra por parte de los sindicatos. Claro que él también ha amenazado con retirar algunas contraprestaciones a los trabajadores.
