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España

El Gobierno formaliza este martes el relevo en la Fundación de Víctimas

Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, ha tenido un papel político cada vez más activo, especialmente desde que fue elegida diputada autonómica en las elecciones vascas de 2009

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La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha convocado a su Patronato este martes 30 de octubre para aprobar el nombramiento de María del Mar Blanco como presidenta de la institución en sustitución de Maite Pagazaurtundua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

   El Gobierno y el Partido Popular preparan el relevo de Pagazaurtundua al frente de la Fundación desde que los 'populares' ganaron las elecciones generales del pasado año y consideran que Mari Mar Blanco, hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA hace 15 años, es una buena candidata.

   Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, ha tenido un papel político cada vez más activo, especialmente desde que fue elegida diputada autonómica en las elecciones vascas de 2009. En los comicios del pasado domingo, se quedó a las puertas de revalidar su escaño en el Parlamento vasco, aunque el PP vasco ya ha anunciado su intención de que pueda volver a ser diputada gracias a la dimisión de alguno de quienes la precedían en la candidatura.

   Esta renovación de la Fundación vendrá acompañada de cambios en el Patronato y en la Vicepresidencia, un cargo que ahora ocupa Cristina Cuesta, que fue portavoz de la Fundación Miguel Ángel Blanco y de Covite. En estos cambios se sitúa también el nombre de Ángeles Pedraza, actual presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

   El nombramiento de Mari Mar Blanco debe ser aprobado por el Patronato de la Fundación de Víctimas, en el que participa el Gobierno a través de cuatro subsecretarios. También lo integran representantes de las principales asociaciones de víctimas, como la propia Mari Mar Blanco, Pedraza, la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón; el de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal; o Natividad Rodríguez, viuda del político socialista Fernando Buesa.

ADOLFO SUÁREZ, PRESIDENTE DE HONOR

   La Fundación de Víctimas del Terrorismo es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2001 fruto del pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE. Según figura en sus estatutos, su finalidad es "promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos", además de ser "un vehículo útil de consulta para una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo en España".

   La primera presidenta de la Fundación fue Ana María Vidal-Abarca, una de las fundadoras del primer colectivo de víctimas, la AVT, que abandonó el cargo en 2005 y fue sustituida por Pagazaurtundua, hermana del jefe de la Policía local de Andoain asesinado por ETA en el año 2003. En la actualidad, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez es el presidente de Honor de la Fundación.

   Los órganos de la Fundación están integrados por representantes de la Administración y a la vez cuenta con el apoyo de numerosos mecenas y colabora con prácticamente todas las asociaciones y colectivos de víctimas que actúan en España. Su financiación es mixta, de manera que parte de su presupuesto procede de subvenciones estatales y la otra mitad de donaciones de empresas y entidades privadas.

FINAL SIN IMPUNIDAD Y ASESINATOS SIN ESCLARECER

   La Fundación trabaja para prestar la necesaria ayuda asistencial a las víctimas y funciona además de enlace entre todas las asociaciones y colectivos. También realiza numerosos estudios sobre la situación del terrorismo y ha puesto en marcha campañas de concienciación de la ciudadanía.

   Una de sus iniciativas más importantes de los últimos años fue la coordinación del trabajo de todas las asociaciones que culminó con un documento que recoge las bases para un fin de ETA por el que exigen que el terrorismo acabe "con memoria y sin impunidad". También ha desarrollado un programa para llevar la voz de las víctimas a colegios del País Vasco y Navarra y coordinó un informe que denunció que más de 300 asesinatos perpetrados por ETA permanecen impunes.

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