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La rectora de la UMA afirma que está "al margen" del expediente de Errejón, aunque espera que "se acabe pronto"

Dice que no hay ningún trasfondo tras el hecho de que la resolución se conociera el primer día de campaña, "sólo cumplir los plazos"

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  • Adelaida de la Calle -

La rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle, ha dicho estar "totalmente al margen" del expediente disciplinario abierto al secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, en el que el instructor propuso su inhabilitación para contratos futuros de similares características al que tuvo. No obstante, ha confiado en que "se acabe ya pronto esto".

   Al ser preguntada este lunes por el desarrollo de ese expediente sancionador, la rectora ha indicado que sigue su tramitación, pero "es algo que yo no llevo; no sé nada".

   Ante las críticas por el hecho de que la resolución del instructor del expediente se hiciera pública justo el primer día de la campaña electoral andaluza, De la Calle ha dejado claro que no hay ningún trasfondo, sino que "sólo se han cumplido los plazos, pero no hay nada más".

   El instructor del expediente disciplinario abierto por la UMA al responsable de la Secretaría Política de Podemos, por, supuestamente, incumplir su obligación laboral y vulnerar la Ley de Incompatibilidades, propuso inhabilitarlo para contratos futuros de similares características al que tuvo.

   Por su parte, para el profesor de la Universidad de Málaga Alberto Montero, que dirige el proyecto de investigación en el que participó Errejón, el instructor propuso su apercibimiento por una falta leve.

   Una vez estudiadas las alegaciones que presenten al pliego de cargos tanto Errejón como Montero, se elevará a la rectora de la UMA una propuesta definitiva, siendo ésta la que tenga la última palabra.

   Errejón inició su contrato con la UMA el 17 de marzo de 2014, que se fue prorrogando cada tres meses, hasta su finalización el pasado 16 de diciembre, y que era de 40 horas semanales, con un sueldo bruto mensual de 1.825 euros.

   El objetivo era la elaboración del proyecto 'La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda', financiado por la Consejería de Fomento de la Junta.

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