En declaraciones a los periodistas antes de presentar el Plan Aldea en El Rocío (Huelva), Castillo apuntó que la Agencia Andaluza del Agua va a seguir realizando, como hasta ahora, controles y análisis diarios sobre el acuífero para que "el compromiso de la empresa -que pasa por no verter al Guadalquivir- se cumpla".
En este sentido, la consejera recordó que cuando se estaba preparando la explotación se hizo un plan hidráulico de cómo usar el agua mientras se hacía la obra, un plan que falló, fue motivo de denuncias por parte de organizaciones ecologistas, y que llevo a la Consejería de Innovación, a instancias de la entonces Confederación Hidrográfica Guadalquivir, a parar las obras.
Una vez resuelta la situación judicialmente, se retomaron las obras y desde entonces, en cuanto a la autorización medioambiental "con el nuevo plan ya no hubo más incidencias y por tanto, tampoco riesgos medioambientales".
Castillo insistió que desde entonces y también a partir de ahora que ha comenzado la extracción, "diariamente analizamos las aguas y comprobamos que el plan se está haciendo con arreglo a comprometido por la empresa".
Ecologistas denunciará a la Agencia del Agua y a la Consejería de Innovación
Por su parte, la organización Ecologistas en Acción ha anunciado que denunciará a la Agencia Andaluza del Agua y a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa si no se publican los "términos" y "datos" de la autorización provisional concedida a la empresa minera Cobre Las Cruces y que ha permitido los trabajos de extracción.
El portavoz del colectivo conservacionista, Isidoro Albarreal, reclamó estos datos porque la Agencia Andaluza del Agua "puede comprobar día a día cuánta agua" se está extrayendo del acuífero Niebla-Posadas, que discurre por debajo de la corta minera, y "cuánta se está reinyectando".
Albarreal especificó a Efe que la agencia debería concretar "hasta dónde llega su autorización y si coincide con el volumen de agua" afectado por el sistema de drenaje e inyección (SDR) utilizado por la empresa Cobre Las Cruces y recogido en su Plan Global de Gestión del Agua, un requisito que empleó la Administración para levantar la suspensión que pesaba sobre la actividad en la mina.
Los ecologistas anunciaron que su demanda por prevaricación no se sustentará en la autorización provisional de la Junta, que es "ilegal", sino en que "el permiso ha podido darse a sabiendas de que se está produciendo un daño ambiental y persistente en el tiempo", explicó Isidoro Albarreal.
El portavoz ecologista concretó que el SDR presentado por Cobre Las Cruces "sólo garantiza en teoría una reinyección del 90% del agua drenada", aunque lo que más denunció es que en el fondo de la corta hay "agua del acuífero filtrada" que el sistema de drenaje e inyección de la compañía no es capaz de garantizar.
Aunque en 2004 la autorización de la Administración permitía una filtración de 5 litros por segundo en el fondo de la corta minera, "ahora sale del acuífero un volumen de 25 litros por segundo" de un agua que "se contamina al entrar en contacto con el mineral".
Estas "filtraciones incontroladas" es lo que explica que "se realizaran 20 pozos ilegales" para que "se llevaran el agua no prevista y que aparecía" en el fondo de la corta y que motivó una suspensión de la actividad por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ha durado un año.
El portavoz de Ecologistas en Acción de Sevilla y ex coordinador provincial recordó que la autorización administrativa que sirvió hace un mes para levantar la paralización de los trabajos de excavación y de extracción del mineral se produjo "en medio de una investigación de la Fiscalía", ahora convertidas en "diligencias previas", que manejaba un volumen de 75.000 metros cúbicos de "agua no reinyectada" al acuífero.
Además del 10% de agua no reinyectada al acuífero por el SDR presentado por la empresa, que explota el mayor yacimiento a cielo abierto de Europa para la extracción de cobre y producción de cátodos de este material, los ecologistas han cifrado en 50.000 los metros cúbicos de agua del acuífero que se contaminara por su "salida a la superficie" en la corta.
A la vista de estos datos, Ecologistas en Acción reclama que se la mina se someta a una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "porque ha habido una modificación sustancial del proyecto que se aprobó hace cinco años", ha apuntado el portavoz ecologista.
