Un tribunal administrativo y un centro de arbitraje permitirán reducir la alta litigiosidad de la Justicia andaluza

La Junta pretende reducir la alta litigiosidad que existe en los tribunales de justicia andaluces, la segunda a nivel nacional, a través de la creación de un tribunal autonómico que resuelva las reclamaciones de la administración y de una fundación de mediación y arbitraje para dar salida a los contenciosos menores que plantean los ciudadanos.

Según expuso ayer la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, estas dos medidas persiguen "paliar y descongestionar" la entrada de asuntos en los órganos judiciales, dado que Andalucía es una de las comunidades con uno de los índices de litigiosidad más elevados de España, y ocupa un segundo lugar en el número de asuntos que se llevan a la vía judicial.

La media española de litigiosidad se sitúa en 196 asuntos por cada mil habitantes, mientras que Andalucía está en 227 por mil.

Entre las ocho provincias que presentan un índice más alto de litigiosidad de España, se encuentran cuatro andaluzas: Málaga, Granada, Almería y Sevilla, mientras Cádiz se encuentra también por encima de la media nacional.

Con el objetivo de reducir la litigiosidad en los tribunales y mejorar los tiempos de respuesta de la justicia, la Junta creará, a través de una ley que iniciará su tramitación parlamentaria en septiembre un Tribunal Administrativo de Andalucía que tendrá carácter colegiado e independiente y estará especializado en resolver reclamaciones en materias cuyo volumen de recursos conlleva actualmente una sobrecarga tanto para los juzgados como para las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Asimismo, conocerá y resolverá sobre asuntos de carácter repetitivo que permiten respuestas homogéneas a la diversidad de recursos interpuestos, estando formado por funcionarios y juristas de reconocido prestigio.

En el ámbito de competencia se incluirán reclamaciones relativas a sanciones, contrataciones y subvenciones de menor cuantía, que se resolverán aplicando los mismos criterios de los órganos judiciales ordinarios pero con acortamiento de plazos, que no podrán sobrepasar los dos meses.

"Se trata de que la Administración haga un ejercicio de autocontrol que permita que entren menos asuntos en la jurisdicción más cargada, que es la contencioso-administrativa", apuntaba Álvarez.

Junto a este tribunal, antes de que finalice el año se creará también una fundación pública llamada Centro Andaluz de Mediación y Arbitraje encargado de resolver asuntos menores y aliviar la acumulación de asuntos en los juzgados civiles, mercantiles y laborales.

Este organismo se encargará de facilitar a los ciudadanos fórmulas de resolución extrajudicial de conflictos menores, tendrá una dotación inicial de 2,5 millones de euros y aglutinará “bajo un paraguas común” los distintos procedimientos de arbitraje que ya llevan a cabo desde el ámbito privado las cámaras de comercio y los colegios de abogados.

El conflicto de los turnos de oficio

Por otra parte, la consejera de Justicia quiso dejar ayer claro, en referencia al conflicto de abogados que ejercen en el turno de oficio en la provincia de Almería, que, ante todo, existe la obligación de garantizar el servicio a todos los ciudadanos y nadie se puede ver "desasistido".

Álvarez se refirió al hecho de que un alto número de abogados que ejercen el turno de oficio en Almería se hayan dado de baja, contando con el apoyo del Colegio de Abogados de la provincia, en protesta por el nuevo reglamento autonómico de asistencia jurídica gratuita, ya que consideran que "imposibilita el cobro" efectivo de buena parte de los servicios prestados y "empeora" la situación del abogado de oficio.

Tras apuntar que la negociación de la Junta con el Colegio andaluz de la Abogacía va por "muy buen cauce", Álvarez indicó que la discrepancia que el colegio de Almería pueda tener con el Consejo andaluz es algo que tiene que resolverse en "sede interna".

Quiso dejar claro que la Junta sólo pretende mejorar una serie de aspectos que suponían una disfunción y añadió que, en cualquier caso, de ninguna manera "puede producirse una desatención de ningún inmigrante o persona que tenga derecho a la justicia gratuita porque es obligatorio por ley que los colegios de abogados tienen que garantizar esa prestación y derecho de los ciudadanos, que no puede ser desasistido".

Desde la Junta, según añadió, hay una "obligación de subvencionar, pero la obligación de garantizar el servicio la tienen los propios colegios de abogados".