Aunque el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla había fijado inicialmente para este miércoles la comparecencia como investigado del excontable de la sociedad Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, acusado de un presunto desfalco de 1.012.275 euros en las cuentas de la entidad, aplazando después a este jueves dicha declaración, la misma ha sido demorada de nuevo por causas personales del imputado, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Tras haber ampliado recientemente su denuncia inicial, al constatar que la cifra desfalcada asciende a 1.012.275 euros y que el desvío de fondos habría comenzado en 2008, Lipasam entregaba recientemente un nuevo escrito en demanda de la "citación urgente" en calidad de investigado del extrabajador responsable de la contabilidad, quien llevaba unos 30 años al frente de tal labor.
Del mismo modo, la empresa solicitaba que "lo más urgentemente posible, se adopten medidas cautelares de naturaleza personal ante el riesgo de fuga, ocultación de pruebas o frustración de las posibilidades de recuperación del dinero público, así como medidas cautelares de naturaleza real para garantizar la responsabilidad civil".
Fue el 20 de diciembre del año pasado, en concreto, cuando la empresa municipal interpuso su denuncia inicial contra este hombre, una vez constatado que el ya extrabajador de Lipasam pudo realizar de forma supuestamente irregular transferencias a una cuenta personal desde 2014 por un importe de 422.512 euros. Estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación continuada de caudales públicos de especial gravedad, así como de un delito continuado de falsedad.
En un segundo escrito, el 8 de enero, como consecuencia de una segunda fase de las investigaciones y constatar que los hechos se remontarían a 2008 y la cuantía defraudada podría ascender a 1.012.275 euros, la denuncia inicial fue ampliada con tales aspectos, toda vez que ya el 15 de enero, la empresa municipal de limpieza indicaba al juzgado que tras toda la información aportada, para poder continuar la investigación que aclare el importe total defraudado y averiguar el destino de este dinero público se deben centrar los esfuerzos en las diligencias judiciales.
