Dicen fuentes sin contrastar que esta expresión procede de la actitud de los marineros suecos que atracaban en los puertos españoles y aprovechaban su desconocimiento del idioma para entender únicamente lo que les interesaba. Hay quien señala que el origen nada tiene que ver con el país escandinavo sino más bien con la etimología; en concreto por su procedencia del vocablo latino soccus, un tipo de calzado que utilizaban los cómicos en la antigua Roma.

Sea cual fuere el origen, es evidente que los directivos de la multinacional minera Boliden llevan un cuarto de siglo haciéndose los suecos y/o riéndose de Andalucía, el tiempo transcurrido entre el desastre medioambiental, que arrasó Aznalcóllar y estuvo a las puertas del Parque Nacional de Doñana, y la vista oral -por la vía civil- que se celebra desde esta semana en un juzgado de primera instancia de Sevilla.

Una de las pocas cosas en las que han estado de acuerdo los inquilinos socialistas y populares del Palacio de San Telmo es en reclamar los casi 90 millones de euros que costó la limpieza del cauce y la ribera del río Guadiamar. Sin embargo, la multinacional, con el amparo de la administración de justicia española, ha rechazado la reclamación de Andalucía. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ya anuló en 2011 la decisión del Consejo de Gobierno andaluz, que exigía 89,8 millones de euros a Boliden por los gastos derivados de la reparación del vertido tóxico. La sala de lo Contencioso del Supremo confirmaba la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ahora, la vía civil tratará (o no) de aplicar el principio de quien contamina paga, algo que no ha ocurrido hasta el momento con la empresa sueca, más bien al contrario porque la administración autonómica tuvo que pagar las costas procesales de juicios pretéritos.



Boliden debió practicar la política del buen vecino, que sin duda habría ejercido en su país de origen, y asumir los costes de la catástrofe medioambiental provocada por su mala praxis. En veinticinco años no lo ha hecho. Ya sólo queda, por tanto, confiar en la acción de los tribunales para que los andaluces recuperen el dinero que gastaron en reparar la ruina dejada por la multinacional. Es una cuestión de justicia después de infructuosos años de diálogo entre quienes se han hecho los suecos y la administración andaluza.