El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado el recurso de apelación presentado por la defensa de una inmigrante latinoamericana, para la cual la Subdelegación del Gobierno de Málaga decretó en 2019 su expulsión de España, amparándose en que la misma poseía antecedentes policiales por un delito de trata de seres humanos. El procedimiento sancionador, de fecha 24 de agosto de 2019, fue incoado por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Málaga, y sirvió de base para la decisión judicial.
El Alto Tribunal regional rechaza la medida, que había sido respaldada también en 2021 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de la capital, ya que sostiene que en el expediente policial que se habría abierto no se demuestra que hubo una sentencia judicial o su posterior condena, lo que sí determinaría su expulsión del país.
En el fallo de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Málaga, cuyo ponente ha sido el magistrado David Gómez Fernández, se deja sin efecto la sentencia del órgano de primera instancia, de fecha de diciembre de 2021, por no ser conforme al ordenamiento jurídico. Para el TSJA, la medida de expulsión es diferente a la de permanencia ilegal, que se sanciona con multa, y en "cualquiera de los dos casos la Administración deberá aportar datos negativos sobre la conducta del interesado y sus circunstancias", de tal modo que justifiquen motivadamente la salida del país.
La Abogacía del Estado respaldó la expulsión de la mujer y no consideró que la decisión impuesta a la recurrente fuese desproporcionada, dada la existencia de circunstancias de agravación, tales como haber sido detenida "por la comisión de un presunto delito de tráfico de personas", el hecho de constar en su pasaporte tan solo sello de salida de Honduras, pero no de entrada en territorio Schengen, por puesto fronterizo habilitado, así como por la ausencia de "intentos para regularizar su situación" en España. Argumentos que se amparaban en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2015 y 8 de octubre de 2020 y en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2021.
Sin embargo, el TSJA recuerda que el Tribunal Europeo ha dictado una nueva sentencia en octubre de 2020 que supone "un nuevo giro jurisprudencial" que favorece otra interpretación de la ley que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en donde se recoge que ha de haber una motivación explícita para proceder a la expulsión.
"Y es que no puede erigirse en dato negativo habilitante de la sanción de expulsión la existencia de meros antecedentes policiales por supuesto delito de trata de seres humanos al que se alude en el antecedente de hecho segundo. Y ello porque es jurisprudencia constante, consolidada y uniforme del Tribunal Supremo la que pone de manifiesto cómo, cuando existe constancia en el expediente de unos antecedentes policiales, pero no se verifica la correlativa existencia de otros datos sobre la suerte que corrieron esas actuaciones policiales, no puede saberse cuál fue su resultado final; pudiendo ocurrir que éste haya resultado inocuo, bien porque los antecedentes policiales no han desembocado en actuaciones judiciales, bien porque éstas han terminado sin ninguna condena", sostiene el fallo del TSJA, que revoca la anterior decisión de 9 de diciembre de 2021 de salida de España.
