“Dado que tanto el acusado como su defensa han achacado implícitamente o explícitamente a un déficit democrático o privilegiado indeseable la especial protección que el Código penal vigente otorga al Rey como Jefe del Estado frente al delito de injurias, recordar que el Código Penal de la II República, promulgado en 1932, también sancionaba las injurias al Jefe del Estado en su artículo 149 con pena de prisión de 6 meses y un día a ocho años y no con pena meramente pecuniaria”, concluye el juez su sentencia hecha pública ayer.
Asimismo, el juez admite que a la hora de imponer la multa ha tenido en cuenta los ingresos que el condenado cobra con cargo al Eerario Público como alcalde y recuerda que debe su cargo a la legitimidad de origen derivada de forma mediata del actual sistema de Monarquía. “Considerándose que precisamente desempañando dicha función en el entramado constitucional los actos cometidos suponen un plus de irreprochabilidad”. El juez recuerda que la protección especial de la Corona está motivada por el interés de preservar el orden constitucional y, por tanto, se trata de “un delito público” e individual contra la persona agredida.
“La injuria está fuera de mi práctica política”
Durante el juicio, Barroso se ratificó en sus críticas contra el “ciudadano Juan Carlos”, si bien matizó en todo momento que sus palabras se englobaron en “un contexto político”. “La injuria está fuera de mi práctica política en contra de lo que es común en esta democracia de filibusteros”, reiteró, al tiempo que detalló que sus acusaciones iban dirigidas contra la dinastía borbónica.
La dirección provincial de IU anunció un día después la apertura de una cuenta bancaria con objeto de recaudar fondos de cara al pago de la multa. El coordinador provincial de IU, Manuel Cárdenas, señaló que la iniciativa solidaria “no surge para ahorrarle a Barroso el pago de la multa, sino para hacer partícipe de la causa a todos los que creen en los valores republicanos”.
