La Comunidad Autónoma de Andalucía está a la cabeza de España, con el 93% de las personas, tanto físicas como jurídicas, que han sido procesadas y acusadas por delitos de corrupción por distintos órganos judiciales de esta región, durante el tercer trimestre de este 2023, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces españoles.
Así se recoge en el informe del Repositorio elaborado con cifras de los 5 procedimientos que se han visto entre los meses de julio, agosto y septiembre, donde se contempla a 29 personas físicas que han sido acusadas, y otras 12 más con entidad jurídica (sociedades mercantiles o organizaciones profesionales).
En el total de España, incluida Andalucía, este dato alcanza las 44, de ellas 32 eran personas físicas y 12 jurídicas. De ese global, tan solo 3 fueron acusadas en tribunales de regiones como Aragón, Castilla y León y Galicia.
Los órganos judiciales del resto de España, a parte de estas cuatro, no registraron en este tercer trimestre del verano ningún proceso judicial por delitos de corrupción política y pública. En todo el estado, en dicho periodo se dictaron 7 sentencias por corrupción (una absolutoria y dos de conformidad), de las cuales solo una lo fue en Andalucía, 4 en la Comunidad Valenciana, 1 en Galicia, y otra más en Canarias.
La estadística del Poder Judicial, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, se refiere a los autos de apertura de juicio oral o de procesamientos con expedientes instruidos por Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (Mixtos), de Juzgados de Instrucción, Salas de los Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En el anterior trimestre de 2023 (abril, mayo y junio) fueron otras 48 personas las acusadas en toda España, 30 de ellas en Andalucía. De este modo, la comunidad andaluza se situó entonces por delante de la Comunidad Valenciana con 14 personas procesadas, y con tan solo 2 procedimientos por corrupción. Madrid figuró en el tercer puesto, con 13 personas procesadas, incluidas dos entidades jurídicas, seguidas en tercer y cuarto puesto por cada una de las regiones de Castilla y León y Castilla-La Mancha, con solamente un caso cada una.
El procedimiento interno del Poder Judicial (Repositorio) fue presentado el 12 de enero de 2017 y es de acceso público en la web www.poderjudicial.es. A través de él se permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, cuyos principales indicadores –personas acusadas o procesadas, procedimientos, y sentencias dictadas- rigen la confección de esta estadística. Su actualización se hace de manera trimestral.
Desde la Oficina de Comunicación del Poder Judicial se recuerda que la información que ofrece el Repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, "por entender que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía".
Así, los procedimientos judiciales, cuyos datos se reflejan en el Repositorio, tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo penal la afectación de dinero público, abarcando tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Este tipo de procedimientos sancionan conductas que se recogen en el Código Penal vigente, como son los delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442, 443 y 445) y receptación y blanqueo de capitales (art. 303).
