El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado a la secretaria general del Pleno, Alicia García Avilés, un informe oficial para que se pronuncie como técnica superior de la Administración Local, sobre la reestructuración en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), unos cambios que fueron anunciados por la concejal Carmen Casero la semana pasada, después de conocerse los resultados de una auditoría externa encargada en marzo de 2023.
Los socialistas creen que con la reestructuración anunciada se "abre la puerta a la privatización " de la Gerencia, facilitando la entrada de entidades privadas o de los colegios profesionales, como los de arquitectos o ingenieros.
Aunque la justificación dada por la edil de Urbanismo y Ordenación del Territorio era la de tratar de facilitar el trabajo interno de planeamiento y aligerar la concesión de licencias de obras, el concejal del PSOE, Mariano Ruiz, sostuvo este miércoles, junto al portavoz municipal Daniel Pérez, que los cambios que se proponen abren el camino a la privatización.
La oposición se queja de haber recibido el informe con las modificaciones con apenas 48 horas previas al debate en el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, "con lo que el PP se toma en serio su aplicación de mayoría absoluta", y sin el pronunciamiento del Comité de Empresa "que es preceptivo", apuntó Ruiz.
El PSOE recuerda que los sucesivos equipos de Gobierno de Francisco de la Torre han venido encargando varias auditorías (en el 2018 por importe de 14.000 euros y en el 2021 por otros 16.000), al que se suma ahora el de 2023, "sin que hayan servido para nada".
Ruiz Araujo agregó que las conclusiones del último se refieren solo a la estructura de personal, no a los procesos de trabajo internos. "Esperábamos un trabajo riguroso donde se hablase de los expedientes con retraso, de los plazos, de los cuellos de botella que esta auditoría no recoge. Esta reestructuración va a tener un efecto sobre la plantilla, la RPT que se presentó hace dos meses, con la negativa tajante de la representación de los trabajadores", explicó el edil.
La reestructuración en Urbanismo afectaría a más de 130 puestos de trabajo.
Por su parte, el portavoz Daniel Pérez insistió en que "la GMU funciona muy mal y lo dicen todas las instituciones y organismos que trabajan con ella. Ineficacia, lentitud, parálisis son adjetivos que utilizan para calificar a la Gerencia".
"Un caos organizativo" en el área de Urbanismo, que según Pérez, ha impedido demostrar incluso "hechos delictivos como los que fueron juzgados en la sentencia de Villas del Arenal", en el año 2019.
ELIMINACIÓN DE JEFATURAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
La propuesta defendida por la Concejalía de Urbanismo plantea la eliminación de una jefatura de departamento y trece de negociado y sección, con reemplazos en las Jefaturas de Planeamiento y Licencias de obras, áreas a las que más se responsabiliza desde el sector de la construcción por los retrasos en los permisos de la Gerencia.
También se crea una Unidad de Atención al Público. "¿Es que no se estaban abordando estas iniciativas actualmente?", se preguntó Mariano Ruiz, que añadió que estos cambios supondrán un coste económico para la GMU del que "no se ha informado".
Pero el segundo aspecto que también preocupa al PSOE es que entidades privadas ajenas al Consistorio puedan gestionar las licencias urbanísticas, siguiendo el modelo implantado por el Ayuntamiento de Madrid. En ellas se incluirían los colegios profesionales de Arquitectos (superiores y técnicos), o los Industriales.
"Se va a poder suplantar el trabajo de los funcionarios por empresas privadas o incluso por los colegios profesionales, que podríamos entender que en un momento de urgencia se les llamara, pero no que vengan para quedarse", dijo Ruiz.
La concejal de Urbanismo, Carmen Casero, justificó hace unos días la reestructuración interna en la GMU para adaptarse a la nueva ley urbanística y a un plan estratégico que la recoge. El personal que se mueva de los departamentos municipales seguirá manteniendo sus plazas con sus respectivas categorías profesionales.
Para Urbanismo el objetivo final de estos cambios, que deberían estar formalizados antes de la Semana Santa, no sería otro que agilizar el tiempo de tramitación de las licencias.
Pese a ello, el PSOE duda de la legalidad de la reestructuración y del proceso jurídico seguido hasta ahora, por lo que han solicitado a Secretaría General que se pronuncie con un informe oficial.
