El Ayuntamiento tiene previsto, en la Junta de Gobierno Local, la aprobación de un recurso contra la deuda de 63.787.348,17 euros que solicitada la Junta de Andalucía por el acuerdo firmado entre ambas administraciones en abril de 2003 por la puesta en marcha del Metro. En concreto, son 7.791.524,62 euros en concepto de explotación y 55.995.823,55 euros en concepto de de inversión de las líneas 1 y 2 del suburbano de Málaga.
Desde el consistorio capitalino se ha informado de que se va a dar luz verde el próximo viernes en Junta de Gobierno Local a requerir a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que anule la orden de la consejera del ramo del pasado 27 de diciembre por la que se aprueba la liquidación de la deuda, en periodo voluntario, del Ayuntamiento de Málaga derivada del Convenio de Colaboración suscrito en fecha de 15 de abril de 2003 entre Junta y Ayuntamiento para la construcción y puesta en servicio de la Línea 1 y 2 del Ferrocarril Metropolitano, por la que gira liquidación de la deuda al Ayuntamiento de Málaga por el importe total antes mencionado de 63.787.348,17 euros.
Del mismo modo, se reclamará que se sobresea este expediente de liquidación de deuda, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Motivos del recurso
Respecto a los casi 56 millones del 25% de la diferencia entre tarifa técnica y precio al ciudadano, la propuesta que se va a aprobar en Junta de Gobierno Local especifica que “el Ayuntamiento considera no ajustada a derecho la liquidación efectuada ya que el montante que pretende liquidar la Junta de Andalucía responde a la cantidad resultante de multiplicar en cada uno de los años de explotación del suburbano la tarifa técnica acordada con el concesionario por el número de viajeros del servicio.
Esos son los parámetros que ha modificado la Junta de Andalucía en todos estos años, mediante las modificaciones del contrato de concesión en dos ocasiones: 16 de julio de 2014 y 22 de octubre de 2020, ambas sin el menor acuerdo con el Ayuntamiento, fuera del marco del convenio de 2003.
En definitiva, la Junta de Andalucía ha tutelado en solitario el convenio original de 2003, y "ahora pretende exigir al Ayuntamiento las cantidades que resultan de todos estos años, fruto de las decisiones y modificaciones concesionales exclusivamente achacables a la administración autonómica”.
Por su parte, en relación a la deuda de más de 7.7 millones en concepto de intereses como “indemnización de daños y perjuicios” por haber anticipado la Junta de Andalucía la inversión que le correspondía adelantar al Ayuntamiento de Málaga hasta la fecha de compensación con las aportaciones recibidas de la Administración General del Estado, el Ayuntamiento recoge en su propuesta que “nos encontramos ante la notificación de un acto no válido, con vulneración de los principios de seguridad jurídica y legalidad no ajustada a derecho la liquidación efectuada” sobre la base de diversas argumentaciones.
Según la orden de la Junta, en base al convenio de 2003, el Ayuntamiento debería aportar en concepto de explotación un importe igual al 25 por ciento de la diferencia entre la tarifa técnica y el precio real, multiplicada por el número de pasajeros anual.
Sin embargo, el Ayuntamiento considera que la liquidación de 56 millones en ese concepto no está ajustada a derecho, ya que el montante es el resultado de multiplicar en cada uno de los años la tarifa técnica acordada con el concesionario por el número de viajeros.
Esos son los parámetros que ha modificado la Junta de Andalucía en todos estos años, mediante las modificaciones del contrato de concesión en dos ocasiones (2014 y 2020), "ambas sin el menor acuerdo con el Ayuntamiento, fuera del marco del convenio de 2003".
