Así lo acordó el TSJM en un auto en el que estima parcialmente los recursos interpuestos por el propio Correa y la acusación ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) contra la decisión de Pedreira de exigir 15 millones de euros al imputado, en prisión preventiva desde febrero de 2009, para salir en libertad.
El tribunal admite que sigue existiendo un “evidente” riesgo de fuga, pero añade que éste “podría, quizás, evitarse mediante (...) medidas de control electrónico de la persona del imputado en cuestión, que serían menos gravosas que la privación de libertad actualmente acordada”.
El TSJM insta al juez a pedir informes a las Fuerzas de Seguridad sobre la procedencia de adoptar esa medida, a la vez que le urge a finalizar la instrucción del caso.
El tribunal dice que la defensa no ha aportado ningún argumento que respalde que el riesgo de fuga se haya “atemperado” e insiste en que la medida de prisión provisional “sigue apareciendo como proporcionada” a la gravedad de los delitos que se le imputan.
La sala destaca que, en las conversaciones telefónicas intervenidas en la causa, Correa “mostró una predecible intención de ubicar su residencia en el extranjero, efectuando diversas inversiones inmobiliarias en Colombia y actividades en Panamá.
