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Martes 16/08/2022
 

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Cárcel para el alcalde de Santa Coloma y los ex altos cargos de Pujol

El juez Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión de los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC, Luis García, detenidos en la...

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El juez Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión de los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC, Luis García, detenidos en la operación Pretoria.

El magistrado de la Audiencia Nacional, que adoptó esta decisión a instancias del fiscal anticorrupción Luis Pastor, decretó también el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 25.000 euros para el director de servicios del Ayuntamiento, Pasqual Vela, y de 500.000 euros para los empresarios de la construcción Lluis Casamitjana y Josep Singla.

Además, fijó otra fianza de 100.000 euros para el empresario Manuel Carrillo, el único de los nueve detenidos que se encuentra en libertad desde que prestó declaración ante la Guardia Civil en Las Rozas (Madrid) el pasado miércoles.

La presunta trama de corrupción que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga en la operación Pretoria defraudó un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras en los que actuó.

En la resolución, Garzón afirma que hay una serie de “pautas comunes” en las tres grandes operaciones en las que intervinieron los imputados, desarrolladas en las localidades antes citadas.

El primer paso consistía en que los Ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien, “gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con las empresarios interesados”, favorecía su tramitación, “repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos”.

Sin embargo, la empresa adjudicataria nunca llegaba a realizar el proyecto, sino que éste quedaba paralizado hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

Esa modificación, además, “resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca del municipio”, añadió el juez Baltasar Garzón.

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