El Tribunal Supremo ha rebajado de 6 a 3 años de cárcel la pena de prisión que le fue puesta por la Audiencia Nacional en octubre de 2013 al que fuera asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca por un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con el caso "saqueo 2".
No obstante, el Supremo mantiene la responsabilidad civil de 37 millones de euros que Roca tendrá que abonar de forma solidaria junto a otros condenados. El caso tuvo su origen un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL), de Jesús Gil, entre los años 1991 y 1999.
La resolución del alto tribunal, que se extiende a lo largo de 240 páginas y cuenta con un voto particular, ha sido dada a conocer este viernes y en ella se estiman parcialmente los recursos de casación presentados por Roca y otros catorce condenados inicialmente, entre ellos al ex alcalde Julián Muñoz, que ve reducida en un año su condena de seis por los mismos delitos
Además, el alto tribunal absuelve a el empleado del Ayuntamiento de Marbella y director del Centro de Orientación Psicosocial y Familiar José Antonio Andrade y al exconcejal Antonio Romero por falta de pruebas.
La nueva sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo modifica la de la Audiencia Nacional en tres cuestiones: la fijación de las penas -que son inferiores a las impuestas en varios de los condenados-, la absolución d ellos ya citados por falta de prueba y por prescripción del delito y la modificación de la responsabilidad civil fijada en la misma respecto a otros dos encausados.
REBAJAS DE PENA
Las rebajas de la pena de prisión acordadas también afectan a Pedro Román Zurdo, Modesto Francisco de Asís y María Pedoria Cruz-Conde, cuyas condenas pasan igualmente de 6 a 5 años por el mismo delito continuado de malversación.
La pena a cumplir se queda en año y medio de prisión para Carlos Monteverde y de tres meses para Juan Manuel Blanco; mientras que para Francisco José Alarcón Echevarría y Juan Manuel Blanco Navarro la condena se queda en un año de cárcel y en cuatro para para Antonio Calleja, María Luisa Alcalá Duarte y María Dolores Zurdo
La sentencia explica que las nuevas penas son respetuosas con el principio de proporcionalidad, adecuadas a la gravedad de los hechos y al grado de culpabilidad, y tienen en cuenta la anterior condena que les fue *impuesta por el mismo delito -malversación continuada de caudales públicos- en el caso Saqueo I. Sobre este último aspecto, señala que las distintas acciones podrían haberse enjuiciado como un único delito continuado en un único juicio.
La Sala de lo Penal explica que los condenados son alcaldes, concejales del Ayuntamiento de Marbella y gerentes de empresas públicas municipales que se utilizaron para a través de ellas, desviar fondos públicos municipales a otras finalidades privadas.
DEBIERON JUSTIFICAR LAS PÉRDIDAS
Asimismo, indica que los gestores deben actuar con la transparencia y claridad que exige el manejo de caudales públicos, y ante la acreditación de no haberse destinado al fin público previsto, deben justificar de forma cumplida la pérdida, destrucción o sustracción de los mismos, o la entrega de tales fondos.
Nada de ello, subraya la sentencia, aparece en relación a la actuación de los condenados, que en modo alguno han acreditado la justificación de su destino público ni dado explicación de su destino.
La sentencia explica que, entre los años 91 a 99, los concejales del Ayuntamiento de Marbella, a iniciativa del alcalde, decidieron gestionar los servicios municipales a través de sociedades mercantiles participadas íntegramente con capital público. Los concejales del GIL dispusieron de los fondos y patrimonio municipales en su propio beneficio y en perjuicio del erario público, mediante órdenes de pago, transferencias o disponiendo de los bienes municipales, con la intervención de Juan Antonio Roca, y *otro condenado que no es concejal, como gerentes de sociedades municipales.
En total, los condenados realizaron 93 operaciones, valiéndose de las citadas sociedades para derivar fondos públicos en el propio beneficio de las personas concernidas.
La sentencia de la Audiencia Nacional, de octubre de 2013, ya absolvió a otros 15 procesados entre los que se encontraban la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exfutbolista y exconcejal Tomás Reñones.
Este tribunal aplicó en dicho momento la atenuante de dilaciones indebidas a Juan Antonio Roca, cerebro de la trama 'Malaya' de corrupción urbanística en Marbella, y Julián Muñoz, exalcalde del GIL, y además les absolvió de los delitos de asociación ilícita y contra la Seguridad Social que se les imputaban.
Las penas impuestas por la Audiencia Nacional fueron sensiblemente inferiores a las solicitadas por el fiscal Anticorrupción José Grinda, que solicitó en su informe definitivo de acusación, expuesto tras el juicio, una pena de 15 años y medio de cárcel para Muñoz y de 13 y medio para Roca.
